En junio de este año, una foto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) puso a más de un experto en Derecho Internacional y a parte de la ciudadanía a pensar. A pocos días de la elección de nuevos magistrados de aquella, la foto de sus integrantes compartida en redes sociales gritaba a quienes se detenían a mirarla: ¡qué falta de legitimidad, esto no puede seguir así! Y es que en pleno 2015, no había ni una sola mujer en el organismo que toma las decisiones más importantes en materia de derechos humanos en las Américas.
En esa elección la única candidata mujer, Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica, tenía y superaba las credenciales necesarias para convertirse en magistrada: ya había sido jueza del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia (TPIY) y de la Corte Penal Internacional (CPI). Y el clamor de la foto no podía seguir ignorándose. Los organismos internacionales dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos no pueden desconocer uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional: la equidad. El derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón del sexo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, no solamente implica la obligación de remover obstáculos para que la mujer pueda acceder a cargos de representación, sino también la de tomar medidas positivas para garantizar su participación.
El problema no es exclusivo de la Corte IDH. En la Corte Europea de Derechos Humanos las mujeres solo representan el 30 %, y en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos solo el 18 %. La baja representación de mujeres también sorprende en los comités de monitoreo de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Tan solo cinco de los 18 miembros del Comité de Derechos Humanos son mujeres. Algo similar ocurre en el Comité sobre Desapariciones Forzosas, donde las mujeres ocupan tan solo dos de los 10 puestos; en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde representan tres de 18, y en el Comité contra la Discriminación Racial, en el que de sus 18 miembros, solo cuatro son mujeres.
Incluso, la CPI, con un mandato expreso en su estatuto de buscar la equidad de género en el proceso de selección y después de ser el primer tribunal internacional en la historia con mayoría de mujeres, en el 2002, hoy solo tiene seis mujeres entre los 18 jueces.
La presencia de mujeres en estos tribunales no solo es importante porque somos la mitad de la población, sino también porque la contribución de su visión al mundo de la justicia y de los derechos humanos tiene un impacto realmente significativo. Por ejemplo, Elizabeth Odio Benito, a quien veremos en la foto de la Corte IDH a partir de enero del 2016, jugó un rol fundamental al entender que la violación puede usarse como una forma de tortura y condenarlo así en el TPIY, creando un precedente histórico (caso Fiscal vs. Dragan Nikolic). Un rol similar tuvo la surafricana Navi Pillay en la identificación de la violación y la violencia sexual como genocidio en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (caso Fiscal vs. Akayesu). Experiencias similares han ocurrido con mujeres brillantes en la Corte IDH, como la chilena Cecilia Medina frente al caso de Ciudad Juárez (Campo algodonero vs. México) y la jamaicana Margarette May Macaulay con el caso sobre la fertilización in vitro (Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica).
Enmarcar las experiencias vitales de las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos es fundamental para asegurar que estos derechos tengan sentido para la mitad de la población mundial. Y nadie hace esto mejor que las mismas mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no puedan desarrollar una sensibilidad suficiente para comprometerse con los derechos humanos de las mujeres. Pero hay que entender que promover la paridad en la representación de las mujeres en las cortes y tribunales, buscar que quienes trabajan en la administración de justicia incorporen sistemáticamente una perspectiva de género para garantizar la equidad de sus fallos, y velar por la calidad ética y profesional de quienes llegan a estos cargos, son objetivos valiosos y deseables, pero diferentes. La buena noticia es que existe en el mundo un grupo de mujeres talentosas y disponibles para lograr todos los objetivos a la vez. Hay juristas tan buenas como los mejores y mucho mejor que los peores; así es que no hay excusa.
Por todas estas razones, la campaña Gqual (gqualcampaign.org), que se lanzó en Naciones Unidas el mes pasado, llega en un momento en el que creo que sí es posible cambiar la foto. Espero que el mensaje le llegue a nuestros gobernantes para que entiendan la importancia de apostarles a las mujeres en la administración de justicia, y a la administración de justicia para las mujeres, tanto a nivel internacional como en nuestro país. Y para empezar a cambiar nuestra propia foto tuvimos asiento en primera fila con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué foto queremos ver?
Originalmente publicado en Ámbito Jurídico: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Constitucional–y-Derechos-Humanos/la-foto-que-hay-que-cambiar.asp?Miga=1
