COMUNIDAD

Por Julissa Mantilla.

El pasado 17 de setiembre se lanzó oficialmente GQUAL[1], campaña que pone en evidencia la subrepresentación de las mujeres en los cargos de alta responsabilidad de órganos y organismos internacionales, tanto a nivel de Naciones Unidas como de los Sistemas Regionales de protección de derechos humanos.

Efectivamente, según la investigación realizada por las entidades que promueven la campaña, a septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no cuenta con ninguna jueza mujer; la Corte Internacional de Justicia tiene 15 jueces y sólo tres son mujeres; el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene 18 miembros y solo 5 son mujeres, mientras que el Comité  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo cuenta con 3 mujeres entre sus 18 integrantes. Por otro lado, de las 40 personas que han ocupado cargos en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar desde su creación, solo una ha sido mujer y de los 52 Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 19 nunca han estado ocupados por una mujer.

Esta campaña se une a la iniciativa surgida hace unos meses para que una mujer ocupe la Secretaría General de la ONU, cargo que siempre ha sido ocupado por hombres[2].

Hay , por tanto, un creciente reconocimiento de la importancia del rol de las mujeres en estos ámbitos y que lleva a reflexionar sobre por qué debe promoverse su presencia y participación activa.

El fundamento básico es, sin duda, el principio de igualdad y no discriminación, el cual constituye norma de jus cogens, es decir, se trata de una norma imperativa y se encuentra recogida tanto en los tratados como en la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Efectivamente, al estar diseñadas para la vigilancia, supervisión y cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, especialmente en derechos humanos, estas entidades deben tener como punto fundamental de referencia la promoción de la inclusión y  la no discriminación. Asimismo, una composición inclusiva de estas entidades es un elemento básico para el respeto y la promoción de los sistemas democráticos.

Por otro lado, la CEDAW establece la obligación de los Estados de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas basados en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Específicamente, el artículo 8 señala que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Sin duda, el promover la participación de las mujeres en entidades y tribunales internacionales es una forma precisa de cumplir con las obligaciones de los Estados los que, en la mayor parte de los casos, tienen a cargo la nominación y la selección final de las personas que ocupan estos puestos.

Por otro lado, y para el caso concreto de los tribunales, académicas como Nienke Grossman[3] sostienen que la baja participación de las mujeres en las cortes atenta contra la imparcialidad de las mismas. Efectivamente, cortes compuestas exclusiva o mayoritariamente por hombres reproducen ideas estereotipadas y prejuicios tanto sobre el rol de hombres y mujeres con relación a la administración de justicia, como en la interpretación de las normas y la valoración de la prueba en los procesos penales, por ejemplo.

Por tanto, GQUAL aparece como una iniciativa importante que debe ser apoyada tanto por la sociedad civil como por los Estados, ya que no solo visibiliza el problema de la falta de equidad en las entidades internacionales, sino que brinda estrategias necesarias para lograr una inclusión efectiva.

Publicado en IUS 360: http://www.ius360.com/columnas/gqual-apostando-por-la-igualdad-y-discriminacion/